La decisión del Gobierno de Costa Rica de reconocer al autoproclamado Juan Guaidó y a su »representante» aquí María Faría provocó que ésta se sintiera impune y usurpara la embajada de Venezuela, consideran hoy analistas y medios de prensa.
Para el analista político Óscar Barrantes ‘este hecho (la usurpación de la embajada venezolana) demuestra la naturaleza violenta, golpista, agresiva, belicista, mercenaria y terrorista de la oposición contrarrevolucionaria de Venezuela’.
Un acontecimiento muy peligroso, ya que debilita el derecho internacional y la vigencia de las convenciones multilaterales, dice Barrantes y afirma que ‘con esta tropelía, los esbirros del abyecto Juan Guaidó han lacerado los principios de la Carta de Naciones Unidas’.
Para Barrantes estos venezolanos han enlodado una tradición de amistad, equilibrio, confianza, de respeto e igualdad soberana en los vínculos diplomáticos entre los dos países y asegura que ‘el gobierno de Costa Rica está jugando con fuego al enredarse en las maniobras injerencistas de Estados Unidos, y la intentona de tumbar el gobierno constitucional de Nicolás Maduro’.
Por su parte, el periódico Libertad, órgano del Partido Vanguardia Popular (PVP, comunista) sostiene que ‘la farsa montada por la embajada de los Estados Unidos le salió ‘chueca’, su pieza cayó en desgracia y tuvo que abandonar la sede diplomática tomada a la fuerza, cometiendo un delito que debería ser castigado con cárcel’.
Con esta situación, subraya Libertad, el fuerte golpe político al autoproclamado es tan contundente como lo fue el hecho de que el gobierno tico violara todos los principios y leyes nacionales e internacionales al reconocer a un autoproclamado en lugar de a un presidente democráticamente electo por su pueblo, como es el caso de Nicolás Maduro.
Los comunistas ticos consideran que el Gobierno actuó a medias en este caso, ya que debió arrestar y procesar judicialmente el acto terrorista de tomar por la fuerza una sede diplomática, porque crea un nefasto antecedente que ridiculiza a Costa Rica.
Libertad reproduce las declaraciones del presidente Carlos Alvarado, cuando este jueves en el contacto semanal con la prensa dijo que ‘por eso fue la reacción nuestra porque en Costa Rica hay reglas, y las reglas hay que respetarlas’.
Pero, denuncia el informativo, el propio presidente de Costa Rica no respeta las normas de la diplomacia internacional, ni la Constitución Política del país, ni la Carta de las Naciones Unidas.
Por ello, el medio de prensa de los comunistas ticos estima que en este caso el Gobierno recibe lo que siembra: ‘cría cuervos y les van a sacar los ojos’.
Sobre la petición de disculpas de María Faría y de que abandonaría la sede diplomática usurpada, Libertad sostiene que ‘cabizbaja y con rostro que muestra la derrota moral característica de un traidor a su patria, así salió Faría de la cancillería tica, la venezolana que quedará para siempre en la historia de Costa Rica como un nefasto personaje que no merece la nacionalidad otorgada en nuestro país y cuya familia tiene muy cuestionados antecedentes en su país’ y parece que aquí también.
Lo de los antecedentes en Costa Rica comienzan a ver la luz, pues el diario Extra publica hoy que el esposo de María Faría es Carlos García Ibánez, empresario venezolano radicado en Costa Rica, propietario de la televisora CB24, quien enfrenta demandas laborales por más de 50 millones de colones, unos 84 mil dólares.
Extra recuerda que García Ibáñez es hijo de Blanca Ibáñez, viuda del expresidente venezolano Jaime Lusinchi, radicados en Costa Rica.
‘Ante el despliegue mediático tras la toma por la fuerza de la sede diplomática por parte de Faría y su gente, los afectados por García Ibáñez no se quedaron callados y acusaron al empresario venezolano porque no paga y estaría cubierto por la inmunidad diplomática de su esposa’, señala el diario tico.
Para Extra ‘en este momento surgen preguntas como ¿el Gobierno de Costa Rica hace bien en proteger a una familia que roba a los costarricenses?, ¿por qué en tres años no les ha pagado a los empleados? y ¿por qué no continuó el arreglo con el Ministerio de Trabajo?’.
Todo ello demuestra que la usurpación de la embajada de Venezuela recibe la condena casi unánime de la sociedad costarricense, mientras partidos de izquierda, movimientos sociales, agrupaciones solidarias, medios de prensa y analistas critican la timidez con que el Gobierno actuó ante tan flagrante violación de la legislación tica y el derecho internacional.
Tomado de Prensa Latina
Solidaridad Latinoamericana 
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