La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula de Silva solicitó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la anulación de la condena en el caso triplex de Guarujá, por falta de pruebas, confirmaron hoy fuentes judiciales.
En julio de 2017, el exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento de tres pisos (triplex) de lujo en Guarujá, estado de Sao Paulo, a cambio de la promoción de intereses de la empresa OAS junto a Petrobras.
Según la imputación, como responsable de designar a los directivos superiores de Petrobras, el exdirigente obrero tenía un notable papel en el esquema delictivo de la llamada operación Lava Jato.
Esa red de corrupción propiciaba que grandes empresas nacionales convinieran para compartir los multimillonarios contratos de Petrobras, al sobornar a políticos y empleados de la compañía estatal.
Con el aparente pago, indicaron los investigadores en la ocasión, el exsindicalista amuebló el apartamento triplex en el área litoral de Guarujá.
A principios de marzo, circulaba la información de que existía movimiento entre los ministros para acelerar el recurso para que fuera analizado antes del 10 de abril, fecha marcada para que el Supremo Tribunal Federal (STF) vuelva a analizar la prisión en segunda instancia.
Ahora, según un reportaje en el diario O Globo, para los jueces de la quinta sección del STJ resulta cada vez más difícil que el recurso de Lula sea juzgado en la corte antes que el Supremo decida si mantendrá la prisión tras la condena en segunda instancia.
El motivo para el cambio de estrategia, de acuerdo con la información del periódico, es que ministros del Supremo llegaron a hablar con magistrados del STJ para dividir la presión.
Asimismo resulta notoria la posibilidad del STF de revertir la interpretación de la prisión en segunda instancia, pues algunos ministros demostraron revisar el posicionamiento dado en 2016 por votación apretada (seis a cinco).
El recurso de los abogados de Lula cuestiona el hecho de que el juez Felix Fischer haya dado una decisión monocrática, es decir, sin pasar por la evaluación de los demás magistrados, negando el pedido de la defensa.
Tal determinación de Fisher generó malestar entre los integrantes del STJ, justamente por ser una conducta inusual.
La defensa del exmandatario apunta ahora hacia la ilegalidad en el recurso presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF), analizado por el ministro Edson Fachin.
Pese a no calificar la conducta de Fisher de ilegal, Fachin afirma que es ‘siempre deseable, recomendable o incluso necesario’ que un ministro no decida solo sobre ese tipo de recurso.
Desde el 7 de abril Lula permanece preso en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región por presuntos hechos de corrupción.
El expresidente fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.
Tomado de Prensa Latina
Solidaridad Latinoamericana 
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