Por Tania Peña
La recaptura del excomandante guerrillero Jesús Santrich con fines de extradición, a contrapelo de una decisión judicial que ordenó su liberación por la ausencia de pruebas en su contra, es otro capítulo del irrespeto a los compromisos del Estado colombiano con la FARC.
Así opinan en Colombia académicos y organizaciones como el Movimiento Defendamos la Paz, que agrupa a exministros, exnegociadores del proceso de paz y líderes de organizaciones políticas y sociales.
Al gobierno nacional se le cuestiona el desconocimiento a la independencia de los poderes públicos y el acatamiento de sus decisiones, la intención de acabar con lo acordado en el proceso de paz y la voluntad de entregar la soberanía a los intereses de Washington.
La ‘trágica comedia’, como la catalogó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), montada en la puerta de la cárcel La Picota de Bogotá, dando a entender que se liberaba a Jesús Santrich para justificar de inmediato una recaptura, dejó perplejos a muchos dentro y fuera de Colombia.
El líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), comentó que lo que hicieron fue humillar a un hombre invidente que a los dos minutos de sacarlo de la cárcel lo vuelven a detener en unas condiciones que solo pueden salir de una mente muy pérfida.
A los exguerrilleros nos están cobrando la rebeldía que tuvimos en 50 años, añadió Timochenko, quien calificó de inconstitucional el desdén contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decidió liberar al exnegociador de la paz y le aplicó la garantía de no extradición.
En opinión del analista colombiano Nelson Lombana, la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno no tuvieron grandeza para asimilar su derrota ante el veredicto o fallo de la JEP y violaron las normas constitucionales, haciendo uso de un aberrante operativo militar contra una persona con limitaciones físicas.
La JEP había fallado en derecho que no existían en la conducta del procesado, ni anterior ni posterior a la firma de los acuerdos de paz, los delitos de tráfico de drogas imputados por Estados Unidos y por la ultraderecha colombiana con fines de extradición.
Al respecto Jesús Ángel Bobadilla, presidente de la Sección de Revisión de la JEP, subrayó que se falló tras una fase que se extendió en el tiempo y en la que no se aportaron pruebas contra Santrich.
Los servidores públicos estamos obligados a respetar la institucionalidad. Hay un mandato en el acto legislativo 002 de 2017 para que todas las instituciones respetemos el Acuerdo de Paz y hagamos todo para garantizar su implementación, expresó.
En entrevista al diario local El Espectador el togado manifestó que la JEP actuó apegada a la Constitución y las leyes y a partir de una fuente normativa que es el Acuerdo de Paz, en el que hay sellado un compromiso de Estado.
‘Los jueces ordinarios están ligados a la Constitución política y la ley, y los de la justicia transicional también, pero, además, somos guardianes del acuerdo de paz’, aseveró. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, ilustró cómo se produjeron una sucesión de acciones orientadas a mantener a Santrich encarcelado a ultranza.
Se ignoraron dos órdenes judiciales de libertad (una de ellas por habeas corpus) y luego aparece una prueba dudosa obtenida a última hora, anotó Gallón. Se ha actuado reiteradamente de mala fe, remarcó.
La llamada recaptura de Santrich el pasado 17 de mayo, que no fue tal porque no hubo libertad efectiva en el sentido literal, generó incluso preocupación en Naciones Unidas.
Confiamos en que el debido proceso del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich) será respetado y que se le garantizará su derecho a la defensa, expresó en un comunicado esa misma noche la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
En medio del zarpazo a la JEP y ante la sospecha de que sería extraditado a Estados Unidos, Santrich intentó suicidarse. No aceptaría esa humillación, les dijo a los congresistas de la FARC Victoria Sandino y Benedicto González y al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quienes pudieron visitarlo en la celda de la fiscalía local, a la que fue trasladado desde La Picota.
Sus abogados también denunciaron que lo habrían dopado con un exceso de psicofármacos para que no tuviera plena conciencia de lo que estaba sucediendo, situación que obligó a internarlo dos días en una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Bogotá.
Ya recuperado asistió el 20 de mayo a una cuestionada audiencia de imputación de cargos preparada por el ente acusador a partir del referido hallazgo de nuevas evidencias en su contra.
Sin embargo, los abogados de Santrich presentaron un impedimento contra la diligencia judicial, al considerar ilegal su recaptura y dada la condición de aforado de su defendido como representante a la Cámara.
La defensa del exnegociador de la paz insistió que al ser su cliente congresista, es la Corte Suprema la encargada de atender su caso.
La jueza aceptó los argumentos presentados y decidió que sea la Corte Suprema la instancia encargada de resolver la competencia en el caso.
Mientras, Santrich continúa preso en los calabozos de la fiscalía colombiana, luego de un encierro de casi 14 meses por una imputación de narcotráfico, que la FARC ha denunciado como un montaje fabricado entre la DEA (Administración para el Control de Drogas) estadounidense y la ultraderecha local para golpear el proceso de paz.
La dirección de la FARC también advirtió que la pretensión de dejar por fuera de la JEP a Santrich y pretender condenarlo con base a pruebas fraudulentas mina la confianza de los excombatientes que dejaron las armas y le apostaron a la paz.
El senador de la FARC Pablo Catatumbo declaró que ‘estamos ante un episodio vergonzoso, en el que se ha tomado como chivo expiatorio a Santrich para darle una fulminante estocada al proceso de paz’.
Empero, la excomandancia de lo que fue la mayor y más antigua guerrilla de América Latina (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP) ratificó el compromiso de los excombatientes con la construcción de la paz, a la par que exigen la liberación inmediata del líder fariano.
En tanto los defensores de la paz aplaudieron la decisión del alto tribunal por actuar en correspondencia con la Constitución y no dejarse presionar por Estados Unidos, la ultraderecha gobernante arremetió contra el poder judicial.
El presidente Iván Duque declaró que estaba indignado con la decisión de la JEP e incluso fue más allá y expresó que siempre ha estado dispuesto a firmar la extradición de Santrich. ‘El caso no está cerrado’, apuntó.
Paralelamente desde los partidos Conservador y el gobernante Centro Democrático surgieron llamados a la realización de una asamblea constituyente o a la declaratoria de una conmoción interior con el argumento de que se había desatado una crisis institucional en el país.
Ante ello el movimiento Defendamos la Paz alertó que la verdadera crisis no se desprende de fallos de la JEP y que el propósito de la extrema derecha era forzar medidas excepcionales, lo que equivaldría a destruir el proceso de paz y dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario.
Al hablar en nombre de la oposición, el senador y excandidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, convocó al presidente del país a luchar por la paz y la reconciliación, y a no sabotear las decisiones de los jueces o intentar acabar con una institución constitucional como la JEP.
La crisis por la que atraviesa el proceso de paz, ante un gobierno opuesto a lo pactado en la capital cubana, ha generado también llamados de alerta en la comunidad internacional.
Provocó desazón en la derecha gobernante las críticas de casi un centenar de congresistas estadounidenses y del diario The New York Times al Ejecutivo local por sus intentos de modificar el Acuerdo de Paz.
‘La paz de Colombia es demasiado preciosa para abandonarla (…) El actual presidente Iván Duque y sus aliados de derecha han saboteado el progreso pacífico bajo el acuerdo’, opinó el influyente rotativo estadounidense.
La publicación estimó que la paz en Colombia ‘se estaría desintegrando’, lo que constituirá ‘un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia’.
Agregó que la responsabilidad de ese rumbo es del Gobierno que luego que los exguerrilleros se desarmaron y regresaron a la vida civil, ha ignorado en gran parte sus promesas que eran vitales, como llevar ayuda y desarrollo a las zonas rurales.
El editorial del NY Times impugnó también el desconocimiento de Duque a la JEP.
‘Eso, por sí solo, podría acabar con los acuerdos’, subrayó el medio estadounidense, tras señalar que la justicia transicional fue uno de los aspectos clave del pacto, concebido para saber la verdad de la guerra, lograr justicia y reparación de las víctimas.
Tomado de Prensa Latina
Solidaridad Latinoamericana 
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