Por Francisco Arias Fernández
Las celebraciones de este 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, «será como ninguna otra», según afirmara el presidente Donald Trump, quien en su tramada concepción del olimpo americano, quiere demostrar a sus electores y al mundo que sus tanques de guerra «son los mejores» y están listos; sus aviones de combate, prestos a golpear a sus abundantes enemigos; las fuerzas de inmigración en posición de combate para iniciar las cacerías masivas, mientras en los campos de concentración de niños latinos y otras partes del planeta, suena la voz de condena de congresistas y organizaciones de derechos humanos.
Los campos de concentración de migrantes creados por Trump y su política de «tolerancia cero», han detonado la indignación dentro y fuera de EE. UU. Foto: TELESUR
Mientras el Pentágono y las autoridades de la capital estadounidense tratan de disuadir al magnate de impedir la destrucción de calles, infraestructuras y la tranquilidad de Washington con la invasión del armamento pesado que se ha encaprichado en organizar personalmente a como dé lugar; proliferan las vigilias improvisadas de miles de estadounidenses, que rezan en torno a iglesias, ciudades santuarios y centros de detención para conseguir el milagro de detener las redadas anunciadas por Trump a partir de ese día contra inmigrantes, con las que amenazó el pasado mes y luego pospuso por 15 días.
«Después del 4 de julio, mucha gente va a tener que salir» (…). «Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) los van a detener y llevar de vuelta», afirmó el mandatario. Al respecto, ha trascendido en los últimos meses que el ICE planeaba redadas masivas en diez ciudades del país para incrementar las deportaciones de indocumentados que han recibido órdenes de expulsión, y tenían en la mirilla a unas 2 000 familias en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y otras urbes.
Una congresista ha desatado la condena con pruebas de que cientos de niños son mantenidos en condiciones infrahumanas y que en uno de los campos de concentración (Clint, Texas) se detectó que «los detenidos beben agua de los retretes y los guardias llaman perras a las mujeres», según refieren medios internacionales de prensa.
El desfile al que quiere arrastrar a cientos de miles de personas y ponerlo en los ojos de 7 000 millones de televidentes, sería el primero prebélico, pues algunos comentaristas aseguran que las muestras anteriores fueron postbélicas (I y II Guerras Mundiales) y el antecedente más reciente fue en 1991, para celebrar la masacre de la primera invasión a Iraq.
La División de Derechos del Niño, de la organización estadounidense Human Rights Watch, señaló el 1ro. de julio que incitados por la ola de indignación pública ante la noticia de que menores en celdas de detención migratoria en EE. UU.
carecen de suficiente comida, agua y cuidado, legisladores –tanto demócratas como republicanos– dicen estar buscando maneras de garantizar que lo que se vio la semana pasada en el centro de Clint, no vuelva a suceder.
La organización se pronunció por realizar cuatro reclamos al Congreso: acabar con la separación familiar que provoca la acción de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) al detener en lugares diferentes a los niños y sus padres, abuelos, tías y hermanos; que los organismos relevantes del país aceleren la reunificación familiar; imponer límites de tiempo a la detención en celdas de estaciones fronterizas y condiciones mínimas para el aseo de los infantes; así como financiar alternativas a la detención.
El comunicado exige que se conviertan en Ley las protecciones de los derechos del niño, que se cumplan las normas jurídicas de ese país al respecto y se impida la detención indefinida de los menores en condiciones abusivas.
Los campos de concentración de migrantes creados por Trump y su política de «tolerancia cero», han detonado la indignación dentro y fuera de EE. UU.
Muchos coinciden en que el único referente de las imágenes dolorosas e indignantes que llegan desde Texas y otros centros de detención, es el fascismo y su política de esclavización y exterminio.
En su carrera por la reelección, Trump insiste en estigmatizar a mexicanos, centroamericanos y latinos como «delincuentes peligrosos», «narcotraficantes» y «maleantes», sometiéndolos a detenciones arbitrarias, separación forzosa, tortura sicológica, abusos físicos y negándoles asilo o permanencia temporal en territorio estadounidense.
El 2 de julio, dos organizaciones de derechos humanos estadounidenses denunciaron que «miles de solicitantes de asilo procedentes de América Central y otros lugares, incluidos más de 4 780 niños y niñas, enfrentan condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles después que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México». Un informe de Human Rights Watch y Hope Border Institute instó al gobierno de Trump a no enviar de regreso a los solicitantes de asilo y garantizar seguridad, acceso a asistencia humanitaria y el debido proceso durante todos los trámites establecidos ante tribunales de inmigración.
En vísperas del 4 de julio se ha dado a conocer un nuevo informe de Amnistía Internacional que confirma que desde 2018, el Gobierno estadounidense «lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera EE. UU.-México».
Titulado «Salvar vidas no es delito: Hostigamiento jurídico de motivación política ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes», denuncia que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, abogados, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria, de cuestionar –o simplemente documentar- las violaciones de derechos humanos que cometen de forma sistemática las autoridades de ese país, contra personas migrantes y solicitantes de asilo.
El documento afirma que la administración de (Donald) Trump ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así el autoritarismo. El gobierno se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación de desesperación en la frontera.
Llama la atención que estas organizaciones de derechos humanos, históricamente manipuladas por EE. UU. para arremeter contra sus enemigos políticos en América Latina y otras partes del mundo, hagan este «regalo» de sinceridad y condena a Trump a las puertas de su pretendido acto exhibicionista y prepotente, que promete ser inigualable para este 4 de julio.
Tomado de Granma
Solidaridad Latinoamericana 
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