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El Gobierno de Colombia cuestionó el informe que presentó en Ginebra (Suiza, oeste) el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, según el cual el país sudamericano registra la mayor cantidad de líderes sociales asesinados en la región entre 2016 y 2019.
«La Cancillería ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad», indicó la canciller, Claudia Blum, en un comunicado emitido por su despacho.
Forst señaló en su informe que «desde 2016 hasta junio de 2019 Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina» y que «los perpetradores son la Policía y el Ejército, pero también los cárteles de la droga y el crimen organizado, así como los excombatientes de las [desmovilizadas] FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]».
El funcionario también advirtió ante la comunidad internacional de «los crecientes ataques de las empresas internacionales que operan en Colombia» contra los defensores de derechos humanos.
Al respecto, el Gobierno de Colombia calificó de «acusación inadmisible» la «supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia», como lo indicó el reporte de Forst.
Agregó que «la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales» son afirmaciones «graves» y sin sustento.
Asimismo, rechazó las versiones sobre empresas estatales y privadas «que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores».
La canciller también cuestionó las conclusiones sobre «la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el acuerdo de paz de 2016», ya que, según el Gobierno colombiano, «desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] en la política de paz» de la administración del presidente Iván Duque.
Colombia también rechazó, entre otros puntos, las consideraciones que Forst hizo al modelo de desarrollo del país, ya que, según el comunicado de Blum, «reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator».
Por último, hizo un llamado a que los relatores cumplan el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos que, señaló, «les exige al menos dos reglas: establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente y, segundo, tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado».
En días pasados Colombia también rechazó el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de esa temática en Colombia en 2019 y que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo.
Tomado de Sputnik
Solidaridad Latinoamericana 
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