Por Arthur González
Donald Trump asume la posición de juez del mundo, sanciona a diestra y siniestra, e incluye en sus listas negras a quienes no aceptan someterse a sus órdenes, siendo Estados Unidos el máximo violador de las leyes internacionales.
Ahora arremete contra la Corte Internacional de Justicia, porque propone investigar los crímenes de guerray crímenes contra la humanidad, cometidos por soldados yanquis y oficiales de la CIA, durante la ilegal guerra contra Afganistán, algo que el señor emperador no admite.
El 11 de junio 2020, ante la decisión de ese órgano judicial, Trump ordenó instrumentar sanciones contra los funcionarios de la Corte Internacional, que se atrevan a procesar a cualquier militar yanqui que estuviera envuelto en crímenes en Afganistán, pues evidentemente considera que sus soldados son intocables y tienen licencia para matar, algo que también ejecutan sus policías, constatado recientemente en el asesinato de George Floyd.
Los intentos de investigar esos crímenes vienen desde hace años, siendo torpedeados por Estados Unidos mediante contactos secretos y presiones, a varios miembros de esa entidad.
Fue en noviembre de 2017, cuando la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda, solicitó investigar esos crímenes en Afganistán y en septiembre 2018, los yanquis arremetieron agresivamente contra la Corte, amenazándola con sanciones.
John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional, en su discurso ante la Federalist Society, afirmó:
“Estados Unidos utilizará cualquier medio necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados, contra las acusaciones injustas de ese tribunal ilegítimo”.
Y agregó:
“No cooperamos con la Corte, no le prestaremos asistencia, no nos uniremos a ella y dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la Corte Internacional ya está muerta para nosotros”.
Con su acostumbrado lenguaje adelantó la respuesta que darían:
“De continuar la investigación, la Administración estudiará prohibir a los jueces y fiscales del tribunal la entrada en Estados Unidos. Procesarlos ante la justicia estadounidense o imponer sanciones a fondos que pudieran tener en su sistema financiero, son otros de los posibles castigos. Las sanciones se extenderían a cualquier empresa o Estado que colabore con una investigación contra ciudadanos estadounidenses. Contemplará también negociar acuerdos bilaterales que prohíban, a terceros países, entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal de La Haya”.
“Evaluaremos que acciones ejecutar en el Consejo de Seguridad de la ONU, para restringir los extensos poderes de la Corte, y nos aseguraremos que esta no pueda ejercer su jurisdicción sobre los estadounidenses y los nacionales de nuestros aliados que no hayan ratificado el Estatuto de Roma”.
Estados Unidos no se cruzó de brazos y desplegó a sus cabilderos en busca de apoyo.
El resultado se constató el 12 de abril de 2019, cuando la Sala de Primera Estancia de la Corte, desestimó por unanimidad la solicitud para llevar a cabo la susodicha investigación, presentada por la fiscal Fatou Bensouda.
Sin temor alguno, ella apeló a la Cámara de Apelaciones, la cual aprobó el 5 de marzo 2020, la solicitud de investigar posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán.
La respuesta no se hizo esperar y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEna, declaró:
“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”.
Bajo ese argumento, las sanciones ordenadas por Trump implican el bloqueo de propiedades o activos, que los funcionarios de la Corte Internacional posean en Estados Unidos y denegar las visas para ingresar a Estados Unidos de ellos y sus familiares.
En el decreto del presidente, se les acusa de “realizar investigaciones sesgadas, con fines políticos y ser corrupta”.
Las amenazas demuestran el irrespeto por las leyes, pero la Corte continuará sus investigaciones acorde a lo que dicta el Derecho, aunque Trump considere que es una “persecución contra Estados Unidos”.
El pasado año 2019 la Casa Blanca le había revocado la visa a Fatou Bensouda, como medida de coacción para que pusiera fin al proceso legal.
La investigación es sobre los crímenes cometidos desde 2003 por las tropas estadounidenses y la CIA, los soldados talibanes y los afganos. Hace algunos años Estados Unidos compareció ante el Alto comisionado de la ONU contra la Tortura, por sus acciones en la ilegal cárcel abierta en la base naval en Guantánamo.
En respuesta a las amenazas de Trump, la Corte Internacional calificó el decreto como “la última de una serie de ataques sin precedentes, que constituye una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte”, declaraciones que irritan aún más al presidente.
Un comunicado oficial la Corte afirma: “estar profundamente decepcionados con la decisión de las autoridades estadounidenses, continuaremos apoyando a nuestro personal y cumpliremos nuestros deberes de manera imparcial e independiente”.
Por su parte, O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de la Corte Internacional de Justicia, emitió una nota de prensa solicitándole a los países participantes de la Corte, que protejan los principios del órgano y se declaren en contra de los ataques que lesionan la unidad de la Corte penal.
Esta investigación pone en evidencias los crímenes que comente Estados Unidos, algo sin precedentes y perjudicial para la imagen de quienes acusan a otros, cuando son realmente violadores de todo derecho.
Las reacciones contra los chantajes del presidente yanqui no se han hecho esperar y por eso Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, expresó:
“El decreto firmado por Trump es preocupante y nuestra posición no ha cambiado con respecto a la lucha por la justicia y contra la impunidad”.
A eso se sumó el Alto Representante para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien declaró en Bruselas:
“La Unión Europea continuará dando su apoyo a la Corte Internacional de Justicia, porque ella desempeña un papel clave en el establecimiento del derecho internacional y la resolución de los crímenes internacionales más severos”.
La labor de la Corte fue criticada por el gobierno de George W. Bush, quien alentó a los países miembros a cerrarla.
En agosto del 2018 Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte para evaluar las sanciones contra Irán, ante la denuncia de los persas por las medidas económicas impuestas por Washington.
En ese sentido, el 28.08.2018 Jennifer Newstead, abogada del Departamento de Estado ante el tribunal de la ONU, rechazó la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la denuncia de Irán e insistió que “la intención del gobierno de Trump es seguir ejerciendo fuertes presiones contra Teherán”.
La posición adoptada por la Corte Internacional desagrada a Washington, observando con preocupación lo que pueda suceder con la demanda presentada en febrero 2020, por el gobierno de Venezuela, contra las medidas coercitivas unilaterales empleadas por Trump para ahogar su economía.
Valiente posición de la Corte Internacional que merece todo el respeto, pues como dijo José Martí:
“El respeto a las personas hace grandes a los pueblos y a sus hombres, sin el cual solo son caricaturas”.
Tomado de El Heraldo Cubano
Solidaridad Latinoamericana 
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