Por Leydis Maria Labrador Herrera |
La devolución al Fondo Monetario Internacional (FMI) de 351.5 millones de dólares, correspondientes a un crédito solicitado en abril del pasado año por el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, con el supuesto fin de hacer frente a la pandemia, fue informada en un comunicado de prensa del Banco Central de Bolivia (BCB), de acuerdo con un reporte de Rusia Today (RT).
«Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano, que a febrero de 2021 suman 24.3 millones de dólares estadounidenses», lo que, a todas luces, califica como una vulneración a «la soberanía y los intereses económicos del país», apunta el documento.
La suma, equivalente a 327 millones de dólares, estaría destinada a apoyar la gestión del ejecutivo golpista en la lucha contra la COVID-19, la que, vale destacar, no fue en absoluto eficiente.
En el marco de un debate legislativo para el análisis del préstamo, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados de ese país, concluyó que el Gobierno de facto, no solo actuó de manera irresponsable, sino que ocultó información acerca de las condiciones reales del crédito y de sus implicaciones para la economía boliviana.
En junio del pasado año, esta propia comisión rechazó el crédito, bajo los argumentos de falta de documentación y responsabilidad con el pueblo. En ese momento, la diputada Otilia Choque, presidenta de dicha comisión, denunció que el Órgano Ejecutivo no adjuntó al Proyecto de Ley toda la documentación pertinente como el contrato de crédito, condiciones de financiamiento, garantías, si el Gobierno tenía o no capacidad de endeudamiento y pago, informe de la tasa de interés, la extensión del crédito en el tiempo y otros elementos de interés.
La respuesta del entonces viceministro del Tesoro y Crédito Público Carlos Schlink, fue que los legisladores obstaculizaban la gestión del gobierno para combatir la pandemia, aunque ya se ejecutaba parte del monto solicitado.
Lógicamente, el tiempo demostró la preocupación real de los diputados, manifestada con detalles en el comunicado de prensa del Banco Central de Bolivia.
«En este sentido, el BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses de los cuales, 346,7 millones son el pago de capital, (19,6 millones de dólares estadounidenses por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares estadounidenses por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento».
No obstante, el documento emitido apunta que «la actual administración del BCB en el marco de sus competencias y la normativa vigente, realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y ex servidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI».
Otro doloroso y pesado fardo que deja la inconstitucional administración de Jeanine Añez, para el gobierno que ahora preside Luis Arce.
Tomado de Granma
Solidaridad Latinoamericana 
Deja una respuesta