El presidente de Chile, Sebasti谩n Pi帽era, fue acusado hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cr铆menes de lesa humanidad desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019.
La acusaci贸n fue presentada por la Comisi贸n Chilena de Derechos Humanos (CChDH) y el exjuez espa帽ol Baltazar Garz贸n, muy conocido por su participaci贸n en una acusaci贸n contra el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Una declaraci贸n del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, se帽ala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los 贸rganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligaci贸n de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos.
La declaraci贸n denuncia los homicidios, torturas 鈥搃ncluida las sexuales-, traumas oculares, mutilaciones y p茅rdidas de visi贸n, lesiones graves, detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos en el marco de una pol铆tica de violaciones masivas, graves y sistem谩ticas de los derechos humanos.
Asimismo se帽ala el incumplimiento del Gobierno a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y asegura que los ataques a la poblaci贸n civil por agentes del Estado, entre octubre de 2019 y abril de 2021, han persistido.
Esto, puntualiza, ‘mediante patrones de conducta apartados de los est谩ndares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos’.
Asimismo advierte que los tribunales de justicia ha impuesto medidas cautelares de prisi贸n preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social.
Califica ese accionar de ‘asim茅trica conducta’, pues en cambio, ‘han liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistem谩ticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha’.
Los denunciantes apuntan la omisi贸n de la Fiscal铆a Nacional en ‘su deber constitucional y legal de investigar’, al disponer el cierre de m谩s del 55 por ciento de las investigaciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo as铆 el acceso de las v铆ctimas al derecho a la Justicia.
El documento fue firmado tambi茅n por la Fundaci贸n Internacional Baltasar Garz贸n (FIBGAR), Vanessa Ramos, de la Asociaci贸n Americana de Juristas (AAJ), y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli.
Tomado de Prensa Latina
Solidaridad Latinoamericana 
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