Por María Fernanda Barreto
Toda acción que mejore la situación de las poblaciones migrantes es plausible, sin embargo, ese reconocimiento no debe ser un velo que impida ver lo que se esconde tras esas medidas, más aún cuando el gobierno que las toma es caracterizado por ser profundamente excluyente y violador de los derechos humanos de su propia población.
Por ello hay que decir que el presidente Nicolás Maduro fue muy acertado al manifestar en la pasada rueda de prensa internacional que el estatuto de regularización temporal para la migración venezolana en Colombia, anunciado por su homólogo Iván Duque, tiene mucho que ver con una necesidad de limpiar la imagen del gobierno uribista, que días atrás había despertado indignación mundial al declarar que no vacunaría a la población migrante de origen venezolano que se encontrara ilegalmente establecida en Colombia.
Además, el partido y representantes del gobierno colombiano bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez cerraron abiertamente filas con Donald Trump durante el pasado proceso electoral de los Estados Unidos, lo que generó la necesidad urgente de acciones que mostraran la voluntad de acercamiento al discurso del presidente Joe Biden, siendo la política migratoria una de las principales controversias entre Trump y el nuevo presidente estadounidense.
Duque ofrece ahora a la población venezolana lo que, tal como denuncia el intelectual argentino Atilio Borón, ni siquiera es capaz de garantizar para el pueblo colombiano.
EL USO TENDENCIOSO DE LAS CIFRAS Y LAS CATEGORÍAS
Innegablemente, tal como lo señaló la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, en su informe preliminar, el impacto de la presión ejercida sobre Venezuela, sobre todo a partir de 2014, ha generado una situación de vulneración de los derechos fundamentales de la población que, entre otras cosas, ha llevado a una emigración sin precedentes para un país acostumbrado a recibir grandes migraciones y no al revés.
Sin embargo, estas cifras son aumentadas, manipuladas, distorsionadas y manejadas con muy poca rigurosidad por ONG (organizaciones no gubernamentales, casi todas vinculadas a la USAID), por gobiernos que adversan públicamente a la Revolución Bolivariana y hasta por organismos multinacionales como ACNUR, por lo que vale la pena detenerse un momento en ellas.
La ONU dice que 5,4 millones de personas han salido de Venezuela, para lo que ya están solicitando públicamente nada menos que 1 mil 440 millones de dólares para las ONG e instituciones de los que llaman países de acogida y organismos multilaterales en este 2021.
La pregunta entonces es cómo se obtienen estas cifras, según las cuales el país luciría visiblemente disminuido en términos poblacionales.
Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial que se estableció de conformidad con la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU) y la OIM (Organización Internacional de las Migraciones, organismo de la ONU) el 12 de abril de 2018, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela, esta cifra de 5 millones 478 mil 477 personas migrantes de origen venezolano, «representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno”.
Esto es muy importante saberlo porque los países que reportan la mayoría de los datos sobre migración venezolana que manejan la OIM y ACNUR son los países que se han unido en el llamado Grupo de Lima, cuyas acciones contra Venezuela y la intención que han hecho pública de derrocar al Gobierno Bolivariano, son razones suficientes para poner muy en duda la objetividad de la información que ofrecen a estos organismos.
Así, no es de sorprender que, según su propio informe de los datos otorgados por esos gobiernos a esta misma plataforma, solo se pueden declarar como ciertamente contabilizados 2 millones 467 mil 675 personas de origen venezolano establecidas en sus países, aunque aclaran que este número «puede abarcar en algunos países permisos de residencias no vigentes en la actualidad y duplicaciones o triplicaciones de casos (una persona con más de un permiso otorgado)». Así que, en realidad, pueden ser aún menos.
El resto, los casi 3 millones que le suman a esa cifra, constituyen solo aproximaciones estadísticas. Es decir, no son científicamente comprobables.
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Solidaridad Latinoamericana 