
Por Raúl Antonio Capote
En medio de protestas y disturbios que no cesan, una economía en franca caída, total ineptitud y desinterés mostrado por el Gobierno en el enfrentamiento a la COVID-19 y milicias que desfilan armadas por pueblos y ciudades, el pasado viernes 18 de septiembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció, en un comunicado, el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg.
El Tribunal Supremo lo integran nueve jueces con puestos vitalicios y, actualmente, cinco son considerados conservadores y cuatro liberales.
El actual mandatario estadounidense, Donald Trump, ahora tiene la oportunidad de transformar la Corte de una mayoría simple conservadora de 5-4 a una mayoría dominante de 6-3.
Esta composición del Tribunal podría tener implicaciones a corto y largo plazo que afectarían la vida cotidiana del país, incluso de cara a los resultados de las elecciones de noviembre.
Apenas una hora después de que el Tribunal Supremo confirmara el deceso de Ginsburg, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que permitiría una votación en la Cámara Alta para avalar su posible relevo si Trump nomina otro magistrado para el puesto.
El anuncio de McConnell suscitó la respuesta inmediata del líder de la minoría demócrata senatorial, Charles Schumer, quien afirmó que el puesto vacante debe llenarse con un nombramiento del candidato de uno u otro partido que triunfe en las presidenciales de noviembre.
Trump logró en su primer año como presidente que la mayoría republicana en el Senado aprobara a su primer nominado para el Supremo, el juez Neil Gorsuch, y el 6 de octubre de 2018, consiguió lo mismo para Brett Kavanaugh, un hombre que, incluso, había sido acusado de abusos sexuales.
LA BATALLA EN LA CORTE
El Tribunal Supremo es la corte más importante del sistema judicial en ese país; como jefe del poder judicial, tiene el deber de proteger los derechos civiles y las libertades y puede declarar una legislación o una ley Ejecutiva como inconstitucional.
La solicitud del Partido Demócrata de esperar al resultado del 3 de noviembre se basa en el antecedente de que, en los meses previos a las elecciones de 2016, el Senado controlado por los republicanos no dio un voto a la elección de juez del Supremo del presidente Barack Obama en los meses previos a las elecciones de 2016.
Dos mujeres aparecen entre las posibles propuestas del actual presidente. Lidera la lista Amy Coney Barrett, quien en 2017 fue confirmada como jueza del Séptimo Circuito de Apelaciones, persona de convicciones conservadoras, muy dogmática en religión y contraria del aborto.
La siguiente es la magistrada descendiente de cubanos, Bárbara Lagoa. La funcionaria, nacida en Miami, se desempeña actualmente en la Corte Federal de Apelaciones del Circuito 11, que opera para tres estados en el sur de ee. uu, entre ellos la Florida.
Los cubanos la recordamos, porque en 2 000 fue una de las abogadas que representó a la familia en Miami del niño Elián González.
El senador de Estados Unidos por el estado de Texas, Ted Cruz, aparece también entre los posibles candidatos.
ELECCIONES EN JUEGO
En un país seriamente dividido de cara al 3 de noviembre, donde afloran viejas y nuevas fracturas, la batalla entre las fuerzas en disputa parece adquirir matices dramáticos.
El nombramiento de un nuevo integrante conservador puede ser apreciado como un mensaje dirigido a los votantes, especialmente a los evangélicos, partidarios decididos del actual inquilino de la Casa Blanca, que luchan por eliminar el derecho al aborto.
Esos grupos armados ganan protagonismo en un Estados Unidos sacudido por la crisis; en su mayoría apoyan a Donald Trump y su eslogan electoral de «ley y orden», y proclaman que no aceptarán una elección en la que su candidato no sea el ganador
El candidato republicano a las próximas elecciones se las está viendo difícil con el voto latino, incluso en la Florida, donde sus posibilidades de reelección se van alejando.
Ante esta posible disyuntiva ha amenazado con no reconocer los resultados de la votación el 3 de noviembre, lo que genera mayor incertidumbre, pues las elecciones de 2020 podrían desatar una grave crisis constitucional.
Esta situación llevaría a una lucha legal sin precedentes en el país, por lo que tener mayoría dominante en el Tribunal Supremo sería decisivo.
No olvidemos que, en las elecciones del 2000, en las que ganó George Bush, con denuncias de fraude electoral en el estado de Florida, gobernado por su hermano, Jeb Bush, un fallo de la Corte Suprema dio la presidencia al candidato republicano.
Tomado de Granma
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